Según el ex director de la Dian Horacio Ayala, entre 2004 y 2008 el paÃs dejó de recibir más de 10 billones de pesos por la deducción especial concedida a las empresas que reinvirtieran parte de sus utilidades. El problema es que dan beneficios sin que "ayuden a combatir el desempleo", afirma Ayala para cuestionar cómo de esos 10 billones "la minerÃa recibió 3,1 billones de pesos de beneficio, con un promedio de 231.000 trabajadores ocupados, mientras el comercio obtuvo cerca de un billón de pesos, con más de 4,7 millones de personas ocupadas.
Es evidente que, en este escenario, la emergencia no tiene piso constitucional. No hay hechos sobrevivientes que, según el Art. 215 de la Constitución, justifiquen ese tipo de intervención. Pero aun si fuera constitucional, las medidas que está tomando el Gobierno, lejos de resolver el problema lo van a profundizar.
