Derechos Humanos
La presidencia de la comisión de derechos humanos de la cámara de representantes de Colombia, la organización de derechos humanos Justicia y Vida, la candidata al senado Lilia Solano, las organizaciones raizales de la isla de san Andrés, providencia y santa catalina, la organización Archipiélago Movement for ethnic native self-determination, prensa nacional e internacional realizaron en pasados días una audiencia publica en el auditorio de la asamblea departamental de San Andrés, donde se escucharon mas de 15 testimonios y se presentaron ponencias por parte de los raizales (población nativa de las islas), sobre la dramática situación de violación a los derechos humanos de la población nativa en el territorio de estas islas de san Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La situación de violación a los derechos humanos, como el derecho al territorio ancestral y la autodeterminación del pueblo raizal de san Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentran ante un inminente etnocidio; con los testimonios y las pruebas presentadas en el desarrollo de esta audiencia se comprobó que las acciones y políticas del estado Colombiano han sido en muchos casos acciones de eliminación sistemática, desplazamiento forzado, abuso de autoridad, robo de tierras y acciones criminales contra la población raizal nativa. La armada nacional de Colombia, la policía y los agentes del estado que han realizado estas acciones, han atentando contra la vida, honra y bienes de la población raizal.
El estado colombiano ha incumplido todos los compromisos adquiridos históricamente que benefician a esta población raizal nunca se les ha consultado su posición ante el conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua, al contrario se han negociado territorio de su jurisprudencia desarticulando relaciones familiares y sociales de carácter histórica con poblaciones raizales del continente centro americano y de las islas del caribe, igualmente el estado colombiano no ha reconocido el legitimo derecho de las poblaciones raizales nativas a mantener su propia lengua materna El Creole como una lengua propia, imponiendo como primera lengua el español, siendo el creole su lengua materna.
Según los testimonios, los testigos y las pruebas presentadas durante la audiencia, la policía, la armada y los organismos de seguridad ejercen una represión sobre la población raizal, existen casos de homicidios, falsos positivos judiciales, interceptación de llamadas, amenazas, abuso de autoridad, y militarización de la vida civil, con el objetivo de desarticular y producir terror en la población nativa e impedir la exigibilidad de sus derechos.
El mal trato por parte de estos organismos del estado, han producido desconfianza y terror en la población, a pesar de que en San Andrés islas no existe el conflicto armado del continente, ni existe cultivos ilícitos, ni procesamiento de droga, ni trafico, a la población se les estigmatiza y persigue a nombre de la política de seguridad democrática; la presencia militar en la isla es totalmente inaudita, según lo comprobado por los miembros de las organizaciones de derechos humanos presentes en la audiencia, la existencia del pie de fuerza es igual o mayor que en zonas de alto conflicto armado en el territorio continental, produciendo en los raizales la sensación de tener un ejercito de ocupación.
El fenómeno del narcotráfico, es una dinámica ilegal del continente colombiano, no es un fenómeno que se presente en la isla por parte de la población raizal, sino es un fenómeno ilegal foráneo, por parte de empresas del continente y de la misma Armada Nacional como se ha conocido recientemente por los escándalos en los medios de comunicación.
La armada nacional, la policía y otros organismos se han apoderado de manera ilegal de terrenos que son de la población raizal, estos organismos no han cumplido con sus responsabilidades delegadas por la constitución y la ley, de salvaguardar los bienes y honra de los ciudadanos, al contrario se presentan constantes conflictos por la infiltración de policías de civil, señalamientos, incluso abusos sexuales hacia las jóvenes de las islas.
Los jóvenes raizales no encuentran oportunidades de estudio ni de trabajo digno, por esto se ven obligados a desplazarse hacia otras islas o a trabajos indignos en los barcos; este abandono por parte del gobierno central no es otra cosa que un desplazamiento de la población juvenil de la isla y la desarticulación de las familias y el futuro de la etnia raizal.
Muy diferente han sido las políticas del estado colombiano en beneficio de la inmigración de personas continentales colombianas hacia la isla, produciendo una sobre población; la industria hotelera y el comercio están en manos de los continentales colombianos en mas del 95%, de esta forma es poco el beneficio a la población nativa de la isla, estas políticas han promovido el empobrecimiento y la exclusión.
Ante el tema de la inmigración no es otra cosa que una acción colonizadora del territorio por parte de los continentales colombianos, no se entiende el volumen de población continental que ha llegado en los últimos años al archipiélago, no existe un control verdadero de esta inmigración procedente del continente, las estadísticas realizadas por los diferentes entidades del gobierno no coinciden, y no se entiende el por que cada vez mas los continentales viven y desarrollan sus actividades de manera ilegal en las islas.
Según estudios de las organizaciones de los raizales en la isla hay mas de 3000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que hace de San Andrés una de las regiones mas pobladas de Latinoamérica y el caribe.
El cobro de impuestos de valorización a la población raizal por las distintas obras realizadas en la zonas hoteleras y turísticas produce empobrecimiento y perdida de las propiedades y de los territorios ancestrales de los raizales, a esto se suma la quema de la oficina de notaria y registro en la década de los años 60 que dejaron sin documentos a la población nativa de sus territorios ancestrales, lo cual ha sido aprovechado por los continentales colombianos para apropiarse indebidamente de los territorios originarios de los raizales.
Es importante resaltar las acciones realizadas para borrar la memoria histórica del pueblo raizal, y las acciones ilegales realizadas sobre los cementerios ancestrales de esta población, esto responde a las acciones mal intencionadas del gobierno por acabar con la memoria, la identidad y la cultura raizal y su legítimo derecho sobre su territorio.
No existen verdaderas políticas sociales que beneficien a los raizales, al contrario existe el afán del gobierno central por involucrar a la población nativa en el sistema financiero a través de prestamos y otros supuesto auxilios que benefician el sector bancario colombiano y en ultimas desplazara a los nativos de sus propiedades y crea dependencia al sistema financiero continental.
A esto se suma el saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas turísticas, el impacto negativo sobre los ecosistemas, la privatización de las playas y las limitaciones a la pesca domestica por parte de los raizales afectando la seguridad alimentaría de esta población.
En conclusión nos encontramos frente a un inminente etnocidio de la población nativa Raizal del archiìelago de San Andrés, Providencia y Santas Catalina, ante esto existe una responsabilidad directa del estado colombiano a través del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las empresas hoteleras, sectores del narcotráfico continental y organismos del estado Colombiano, en este plan sistemático de exterminación a los nativos para apoderarse de sus territorios.
Por esto esta audiencia exige al gobierno nacional y a los organismos del estado, respetar la vida y honra de la población raizal, como lo estipula la jurisprudencia internacional, la constitución y la ley, al respeto por el pleno cumplimiento por los derechos humanos, los derechos fundamentales el respeto por la vida, honra y autodeterminación del pueblo raizal dentro de su territorio.
Igualmente se exige a los organismos del gobierno central crear las condiciones legales para que la población raizal no pague el impuesto de valorización predial por ser este un mecanismo de empobrecimiento y expulsión del territorio ancestral de esta población nativa del archipiélago de san Andrés, santa catalina y providencia.
Se le exige al estado colombiano a través e la oficina de control, circulación y residencia OCCRE, realizar un verdadero control de las personas continentales que habitan en el archipiélago para que sean devueltas aquellas que de manera ilegal no deban permanecer en la isla, manteniendo una densidad poblacional mayoritariamente por raizales nativos.
Se exige al ministerio de educación de Colombia reconocer el idioma creole, como el idioma oficial del archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa Catalina, por ser este el idioma materno e la población nativa raizal, la educación, y los funcionarios públicos deben respetar y promover este idioma como el idioma más importante de la isla.
Se le solicita a la fiscaliza general de la nación ya la procuraduría, investigar los casos de homicidios, abuso de autoridad, promoción de acciones ilegales, realizadas por funcionarios y agentes del estado que atenten contra la población civil del archipiélago.
Igualmente se solicita conocer a la luz publica las cifras reales de los falsos positivos judiciales que han involucrado a jóvenes raizales con supuestos casos de narcotráfico, que han sido detenidos de manera arbitraria y sin ninguna justificación jurídica ni legal, como la manera en que han sido involucrados en procesos de extradición a los estados unidos sin ningún proceso legal bajo las normas internacionales.
Igualmente se le solicita al gobierno nacional, el respeto por la soberanía y la autodeterminación del pueblo raizal, en su organización y participación directa en las decisiones de autogobierno, como el respeto por los lugares sagrados de esta población y se restituya los cementerios ancestrales.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para supervisar los hechos que se adelantan por parte de las empresas hoteleras y las acciones del gobierno de Colombia que atenten contra la vida de la población raizal, el respeto a su territorio y a la autodeterminación, ante esta dramática situación que padece este pueblo nos encontramos ante una inminente etnocidio de comienzos del siglo 21.
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