Lucha de los Pueblos

LA JUDICIALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO:

 

EL CASO DEL PROFESOR WILLIAM JAVIER DÍAZ RAMÍREZ

 

 

William Javier Díaz Ramírez se ha desempeñado como profesor de secundaria en establecimientos educativos públicos adscritos a la Secretaria de Educación de Bogotá, lugares en los cuales ha tenido a su cargo las asignaturas de Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Filosofía. Siempre se ha caracterizado por promover en sus alumnos un saber crítico y reflexivo, en consecuencia, durante más de 10 años, ha trabajado construyendo una propuesta educativa de carácter social, crítico y democrático.

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Este esfuerzo se refleja en los más de 22 seminarios de pensamiento social, organizados, coordinados y realizados por el Taller de Jormación Estudiantil Raíces (TJER) del cual Javier es creador y que funciona desde 1997, en la Universidad Pedagógica Nacional y luego en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este espacio académico ha sido reconocido por su alto nivel teórico, organizativo y de convocatoria, lo que ha contribuido en el enriquecimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos de estas universidades como de las demás universidades del Distrito y del departamento, públicas como privadas.

 

También es conocido su esfuerzo en la defensa del medio ambiente y de la ecología social a través del proyecto Piensa (Proyecto Interdisciplinario Ecológico por una Nueva Sociedad Alternativa), además de su trabajo en la naciente Cátedra de Pensamiento Social Orlando Fals Borda, en homenaje al Maestro, con quien en los últimos años se trabajo de manera conjunta en la constitución y dirección del Plan Kaziyadu. Tanto en el plantel educativo donde se desempeña, como en la localidad en la cual trabaja, el profesor William Javier Díaz Ramírez se ha caracterizado por su trabajo y compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos. Resultado de ello es la realización de la Cátedra de DDHH Eduardo Umaña Luna y la reactivación de la Red Local de DDHH en la Localidad Octava, con el acompañamiento de las autoridades educativas locales y distritales y con la participación de la comunidad.

 

William Javier Díaz Ramírez, se ha desempeñado también como integrante del partido político de oposición Polo Democrático Alternativo - PDA, movimiento político reiteradamente perseguido y estigmatizado por el Gobierno Colombiano, señalándolo como organización al servicio de las guerrillas.

 

En la actualidad William Javier se encuentra privado de la libertad y procesado, junto con 45 personas más, por el supuesto delito de rebelión. Se le  acusa de ser integrante de las FARC. Este procesamiento por parte de las autoridades colombianas ha generado una ruptura profunda de las bases de un Estado Social y de Derecho, así como de las garantías judiciales con que debe contar toda persona, al momento de enfrentar una acusación de  carácter penal.

 

Conforme a lo establecido por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la injusta privación de la libertad de William Javier Díaz tiene como propósito perseguirlo por el ejercicio de sus derechos a la  libertad de pensamiento, expresión y participación. La Fiscalía General de la Nación considera subversiva  la actividad: “enfocada en varios procesos para  alcanzar un poder político en los entes gubernamentales y buscan proponer candidatos a las alcaldías locales, concejales, ediles, aprovechando el trabajo de masa que han realizado con las comunidades menos favorecidas y las problemáticas locales en las localidades. Siendo aquí donde empiezan a enseñarles directrices revolucionarias e involucrando a la juventud en tareas terroristas, intercambiando para tal efecto, información vía Internet y mediante celulares, organizándolos en muchos casos en estructuras militares revolucionarias, a quienes para dicho fin les suministran datos falsos de desempleo, pobreza, etc,  para activar de dicha forma sus conductas extremadamente violentas, encaminándolos a una doctrina revolucionaria y de esta manera controvertir las políticas gubernamentales”.

 

El día 5 de septiembre 2008 fue presentado un informe de policía judicial por parte del personal de la Dijin, el cual fue suscrito por el Patrullero Ignacio David Parra Amín y el Subintendente Wilson Gómez Córdoba, quienes se encuentran vinculados a la Policía Nacional, la cual depende del Ministerio de Defensa.

 

Con fundamento en dicho informe, el Fiscal 12 Especializado adscrito a la Unidad Nacional contra el Terrorismo ordenó la reapertura de la investigación preliminar, mediante providencia del 12 de septiembre de 2008. En dicha providencia se ordenó la práctica de 19 pruebas, las cuales a la postre llevaron a la apertura de instrucción. De manera ilegal, arbitraria y antijurídica, se desconoce el derecho a ser investigado y juzgado por instancias independientes e imparciales y el principio del Juez Natural. La orden para desarrollar la práctica de pruebas fue firmada, tanto por el Fiscal Jorge Iván Piedrahita y por el Patrullero Ignacio David Parra Amín y el Subintendente Wilson Gómez Córdoba, avalando el hecho de que muchas de ellas atentan contra la autonomía personal.

 

Adicionalmente la Fiscalía General de la Nación estableció la práctica de pruebas secretas en tanto se ha impedido conocer la cadena de custodia de las  mismas que se esgrimen como de cargo,  aún cuando es la única prueba.

 

William Javier ha sido procesado con fundamento en información aparentemente encontrada en una USB incautada por el Ejército Nacional. Violando el derecho que tiene todo ciudadano a contradecir las pruebas que se invoquen en su contra, la Fiscalía General de la Nación  prohibió que William Javier y sus abogados conozcan que tipo de accesos se ha tenido en dicha USB, así mismo las modificaciones de las cuales ha podido ser objeto. La Fiscalía tampoco ha permitido conocer si el acceso y manipulación de   la USB, se hizo contando con autorización judicial.

 

El Fiscal 12 Especializado, adscrito a la Unidad Nacional contra el Terrorismo, ordenó la realización de otras pruebas, reveladoras de la arbitrariedad existente para adelantar este proceso. Entre ellas sobresalen:

 

1.         La orden de interceptar los correos electrónicos de funcionarios de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tal es el caso de Adolfo Chavarri, respecto de quien se ordenó intervenir el correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

En dicha oportunidad también fueron intervenidos los correos electrónicos de organismos internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos, Justicia Por Colombia, Fescol, la Liga Internacional de Mujeres por la  Paz y la Libertad, For Colombia y varios organismos de derechos humanos nacionales.

 

2.         La orden a las Universidades Nacional de Colombia, Pedagógica, Distrital, Libre, Autónoma y de Antioquia de entregar las bases de datos con la información de la totalidad de los estudiantes. Esta es una prueba de carácter genérico e indeterminado que constituye una abierta estigmatización de la comunidad universitaria.

 

3.         La orden de filmar todas las manifestaciones en que participaran estudiantes de las Universidades indicadas en el numeral anterior, bajo el argumento que debían ser investigados sus supuestos vínculos con las FARC. Es preciso decir aquí que el fiscal 12 de la Unidad contra el Terrorismo parte de considerar que el ejercicio de derechos (Vrg el derecho a la expresión, participación y manifestación) es delictivo.

 

Por parte de la Procuraduría General de la Nación se solicito, dada la ausencia de  pruebas, absolver de toda responsabilidad a William Javier,  proponiendo a su vez anular el proceso que se adelanta en contra de muchas otras personas, pues es  notoria la violación de  las  garantías judiciales. A pesar de los claros fundamentos, dicha solicitud no   fue atendida por la  Fiscalía General de  la Nación.

 

Este conjunto de  actos permite concluir que el procesamiento y detención del educador, defensor de derechos humanos y dirigente político, William Javier Díaz Ramírez, es absolutamente arbitrario. A él, como a otros maestros y maestras del país, se le persigue por promover y construir un saber crítico percibido por el gobierno actual, que concibe toda actividad de oposición o denuncia por  violaciones a los derechos humanos, como una actividad al servicio de grupos insurgentes.

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