Lucha de los Pueblos

Por: Lilia Solano

Reconozcamos de entrada que la impunidad en relación con los paramilitares se empezó a gestar antes del 26 de Mayo del 2002. En los meses previos a la elección presidencial, el paramilitarismo no dudo en hacer campaña política a favor de la candidatura del presidente Alvaro Uribe y lo que estamos viendo hoy obedece a la lógica de un proceso que busca fortalecer el Estado por la vía del autoritarismo, la cual instala en el imaginario colectivo la falsa idea de que estamos caminando hacia la recuperación de la confianza.

Las discusiones jurídicas en torno a las iniciativas gubernamentales de paz con los paramilitares esconden variables que saltan a la superficie cuando el debate se traslada a foros menos institucionales. En la siguiente reflexión ofreceré algunas aristas que son fácilmente identificables en este asunto, las cuales contribuyen al contexto en el que se teje la agenda de la administración Uribe Vélez. Ellas son: la relación entre el Plan Colombia y la agudización del conflicto armado. En segundo lugar, aparece el problema de englobar a los actores del conflicto en categorías uniformes, lo cual conduce a conclusiones engañosas. Por último, estas dos aristas confluyen en el proyecto de alternatividad penal.

1.  El lado verde del Plan Colombia.
Los territorios que en los últimos años fueron escenarios de los destierros  [1] más notorios coinciden con los que hoy son asiento de los sonados proyectos de recuperación del medio ambiente y lucha contra el narcotráfico. Luego de una primera fase en la aplicación del Plan Colombia, que privilegió su componente bélico y cuya vigencia aún se mantiene, sobreviene una segunda que se viste de verde. Programas como el de guardabosques o los laboratorios de paz que el Presidente Uribe promocionó en su última gira por Europa, no tienen en cuenta que el drama del destierro, especialmente el perpetrado por el paramilitarismo, rediseñó el mapa humano rural. El despoblamiento consecuente trae consigo una creciente concentración de la propiedad rural que ha sido denunciada insistentemente en diferentes foros.
Confirmando los temores de sus críticos, el Plan Colombia no ha resuelto el problema del narcotráfico luego de cuatro años de juiciosa aplicación. Las cifras que el gobierno no maneja, pero que apuntan a los propósitos del Plan, hablan del incremento del destierro, de la internacionalización del conflicto extendiéndolo al norte del Ecuador, del realinderamiento del mapa rural en términos de población y propiedades, sin contar la destrucción del medio ambiente y la cohesión social de comunidades enteras. En suma, el Plan Colombia es una estrategia que apoya a la nueva cultura paramilitarizada financiando proyectos productivos que están diseñados para cambiar para siempre el modelo agrícola de Colombia y facilitar la entrada del capital extranjero.
En su reciente visita a Washington, Álvaro Uribe solicitó la prórroga del Plan acaballado en su promesa ecológica. Esta garantía se reduce, prácticamente, al programa de guardabosques que extiende el paradigma del monocultivo a los maderables. Sin embargo, es significativo que la prórroga del Plan se produzca junto con el incremento del personal militar estadounidense en suelo colombiano. Esta simultaneidad continúa la tendencia del gobierno nacional de hacer coincidir un Plan que recibió en herencia de la administración anterior, con una política de seguridad nacional (o “democrática,” según el discurso oficial). En otras palabras, el Plan Colombia II, con todo y su ropaje verde, seguirá siendo una estrategia de control estatal que, no solamente deja de combatir problemas como el narcotráfico, sino que ahonda el drama de la violencia en el país.
De esta manera se consiguen dos logros: legitimar un Plan que no ha gozado de mayor aceptación y dejar intacto el gran aporte del paramilitarismo, esto es, consolidar el rediseño del mapa rural. En lo sucesivo, el discurso oficial podrá hacer señalamientos a los actores del paramilitarismo para juzgarlos, sin que tengan que responder por el desarraigo y el destierro que propiciaron para adecuar al país a las dinámicas del mercado libre.

2.  Uniformidad de los combatientes
Al no existir conexión entre el paramilitarismo y el rediseño del mapa rural colombiano, un proyecto de alternatividad penal puede partir de la trivialización del conflicto armado. Por una parte, los paramilitares responderán ante la justicia en tanto sean los chicos malos que afean las pantallas de nuestros televisores. La alternatividad penal no los considera actores de primer orden de una política estatal de control social y político.  Según el eslogan oficial, la alternatividad penal se concibe para que “todos los grupos combatientes al margen de la ley puedan beneficiarse.” De esta falacia fundamental se derivan otras, como las siguientes:
•    El paramilitarismo es un actor del conflicto armado. Esta mentira largamente sostenida se robustece con las recientes acciones emprendidas contra grupos paramilitares. Los medios informan de capturas de jefes de poca monta y de sus relaciones con militares de rangos bajo y medio, y con ello se busca demostrar que el paramilitarismo opera en forma independiente sin relación alguna con el Estado. La magnificación de este nivel coyuntural de la lucha armada de extrema derecha oculta la arquitectura misma del proyecto, que no hubiera copado el panorama bélico del país si hubiera actuado con la independencia que el Estado le atribuye. Cuando se le da al paramilitarismo estatuto de actor, el Estado queda exento de asumir la responsabilidad que le corresponde. Al mismo tiempo, esta falacia le permite al Estado liberarse de sus combatientes extraoficiales cuando las circunstancias así lo requieran. Ese es el ejemplo que vimos en El Salvador hace poco más de un década, en donde los paramilitares que apuntalaron el poder de ARENA fueron eliminados en las etapas previas a las firmas de la paz.

•    El país puede voltear una nueva página de su historia sin que se ataquen las raíces de los descontentos sociales. Esta falacia implica una versión sofisticada del “borrón y cuenta nueva” de las intenciones de paz de Uribe Vélez. Supone que un esfuerzo de reconciliación da por cancelado el debate en torno a la concentración de la tierra y de la riqueza, la entrega del país al capital transnacional, la pérdida de una industria y mercado nacionales, etc. Asume que la nueva página de la historia ya está dada, y por ello desestimula el debate y la participación en el diseño de las grandes políticas.
En síntesis, la no diferenciación de combatientes desemboca en un tratamiento igual a problemáticas de cuño diverso, lo cual impide que un proceso de paz como el gobierno impulsa con los paramilitares sea garantía para la construcción de un país en convivencia.

3.  Alternatividad penal sin restitución
De lo anterior se colige que un plan de alternatividad penal no puede contemplar la restitución, ni la reparación a las víctimas por cuanto no considera que lo que está en juego es el rediseño del país. Las restituciones en el proyecto de alternatividad penal se quedan en el ámbito de las enemistades personales, las cuales, con todo y que deben ser reparadas, desvían la atención de los logros centrales del paramilitarismo ya reseñados arriba. El paramilitarismo como generador de destierros va a quedar sin el debido castigo. Este temor es mayor ahora que se conoce la versión revisada del proyecto que contempla como máxima pena la prisión a 10 años, con la advertencia que la extradición quedará a discreción del gobierno.  [2] Sin embargo, el destierro y su resultante despoblamiento rural demandan otro tipo de tratamiento.
De otra parte, los planes de perdón no contemplan un elemento indispensable en la dinámica de restitución, a saber: que el victimario se reconozca como tal. Dado que en el discurso oficial ya no se habla de paramilitares sino de “autodefensas ilegales,” ya no hay necesidad de que los arquitectos y perpetradores del paramilitarismo se asuman como asesinos y delincuentes. Sus acciones, según el discurso oficial, se asimilan al ejercicio de un derecho legítimo, el de la defensa. El uso de la palabra autodefensa es parte de la estrategia ideológica que pretende encubrir ciertas lógicas de la guerra  de modo que puedan eludir sus responsabilidades y minimizar el rechazo social pues el paramilitarismo se sustenta en la posibilidad de esconder, de ocultar, de eludir responsabilidades, de fingir identidades,  de confundir y engañar, de impedir la búsqueda de la verdad y de obstaculizar la justicia.
Por otro lado  pretende ignorar las investigaciones de diversos sectores académicos, sociales e investigaciones judiciales que constatan que el paramilitarismo es un fenómeno articulado al accionar del Estado, y que cuenta con el concurso de ganaderos, empresas multinacionales, narcotraficantes entre otros  y que  por ejemplo para citar solo un caso, en el Magdalena Medio contó con  el entrenamiento y apoyo de la XIV Brigada del Ejercito colombiano.

Es un hecho ampliamente reconocido que el paramilitarismo ha avanzado durante mas de 20 años bajo la dirección y protección de la fuerza pública, que se apropio de grandes
Extensiones del territorio nacional y las mantiene bajo su control, que ha cometido  innumerables crímenes de lesa humanidad que pasan por retenciones, torturas, asesinatos, desapariciones, genocidios, masacres, violaciones, atentados, robos, desplazamiento masivo, intimidaciones y ha sido favorecido por casi todas las instancias del poder público que le han garantizado la impunidad y su plena libertad de acción.

La paz con el paramilitarismo sigue siendo la crónica de una impunidad que no solamente aquí, sino en muchos otros foros, está siendo anunciada. Para evitarla, el Congreso de la República tiene la responsabilidad de atender por lo menos dos asuntos inmediatos: (a) la arqueología del paramilitarismo con el fin de señalar sus protagonistas fundantes y (b) los grandes logros del paramilitarismo que están creando el contexto propicio al mercado libre a ultranza, que se fundamenta en el despojo y la destrucción.

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