Lucha de los Pueblos

Bases Militares Norteamericanas y
Militarización del continente.
Auditorio Juan Guillermo Vélez,
Edificio del nuevo Congreso de la República,
Cra. 7 No. 8 – 68 Bogotá.
11 de septiembre de 2009

Carlos Fazio
Desde comienzos de 2003, mientras daban los últimos retoques a su guerra de conquista y colonización de Irak en el marco de la “doctrina de la autodefensa anticipatoria” −eufemísticamente llamada guerra preventiva−, los halcones de la administración Bush en la Casa Blanca y el Pentágono venían  instrumentando la línea de defensa de su imperio militarmercantilista en América Latina.

          Pero ya antes, al despuntar los años 90, enfrentado en una dura competencia y a balances comerciales negativos con los bloques europeo y asiático, el gobierno de Estados Unidos venía proyectando la llamada Fortaleza América a través de una estrategia complementaria de dos carriles: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los planes PueblaPanamá y ColombiaIniciativa Andina, diseñada para consolidar y profundizar el control geopolítico y geoeconómico en su tradicional patio trasero.
          Se trataba de un proyecto integral que buscaba garantizar el monopolio económico de las corporaciones multinacionales con casa matriz en Estados Unidos, en particular las ligadas al complejo energéticopetrolero e industrialmilitar y a las fracciones de ultraderecha del gran capital, a través de la fuerza y la violencia. Como quedó comprobado con la invasión a Irak, el componente militar es un elemento central en la política expansionista de Washington.
        Dicha política, que adquirió durante la era Bush un sesgo neonazi −con la Ley Patriótica al interior de Estados Unidos y la diplomacia de guerra de cara al resto del mundo−, cobró gran dinamismo en América Latina tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Aparte de los enemigos previamente identificados por Estados Unidos: Cuba, la Venezuela de Hugo Chávez y la insurgencia armada colombiana, surgieron entonces nuevos “peligros” potenciales. Entre ellos, el movimiento campesino cocalero del Chapare, que a nivel de la propaganda comenzó a ser visualizado por el Pentágono como una “narcoguerrilla”, y las supuestas “células dormidas” del terrorismo islámico en la Triple Frontera, como se dio en llamar el punto de encuentro territorial de las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina); Fox de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), área de importancia geopolítica por ser la llave de acceso político y militar a la región amazónica..
        Durante el último medio siglo, el “imperio informal” estadounidense en la subregión se había construido y sostenido en torno a tres pilares interrelacionados: 1) las guerras y la intervención militar; 2) las operaciones encubiertas o secretas de inteligencia, y 3) las políticas de “mercado” impulsadas por las agencias económicas del Estado imperial (los departamentos del Tesoro y Comercio, el Eximbank)  y sus perros guardianes (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo).     
          Durante la fase anterior, la expansión neocolonial de Washington en Latinoamérica sumó al poder del Pentágono, la “comunidad de inteligencia” y las corporaciones multinacionales, la actividad intervencionista de la banca financiera especulativa de Wall Street y de las llamadas “fuerzas armadas sustitutas”, es decir, los ejércitos de los Estados clientes apoyados, asesorados y entrenados por Washington, que derivaron en muchos casos en regímenes castrenses basados en la Doctrina de Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado.
         El giro hacia el “nuevo imperialismo” comenzó a gestarse a comienzos de los años noventa tras el fin de la guerra fría, durante las administraciones Bush padre y Clinton. Luego de la primera guerra del Golfo Pérsico, el eje multinacionalesejército impulsó la reconfiguración geopolítica de Europa Central, el Báltico, los Balcanes y Asia Central, definiendo las nuevas fronteras del imperio.
          Luego, con la llegada de Bush hijo y un grupo de ideólogos de extrema derecha a la Casa Blanca, el complejo energéticopetrolero e industrial militar tomó el control y los “componentes económicos” del Estado imperial fueron sustituidos por una ideología de guerra permanente y colonizaciones militares (Afganistán, Irak), que utilizó como señuelo propagandístico para justificar su impunidad el combate al terrorismo, al narcotráfico y a los regímenes tiránicos.

La construcción social del miedo

América Latina no escapó a la lógica guerrerista de Washington. Históricamente, los planes Estados Unidos para México y América Latina han sido viabilizados a través de diversos instrumentos de la diplomacia de guerra de Washington. Ello abarca múltiples modalidades, desde procesos de desestabilización, guerra psicológica, acciones clandestinas y golpes de Estado, pasando por presiones políticas y económicas, hasta la injerencia de manera directa o encubierta en los procesos electorales de los países de su tradicional patio trasero.
         A partir del modelo ideológico de dominación neoliberal impuesto a sangre y fuego en el Cono Sur desde comienzos de los años 70, tras el regreso de los militares a los cuarteles tres lustros después, en los países de América Latina no hubo ruptura sino adaptaciones o modificaciones a nivel del Estado, la economía, los actores y sujetos sociales. Y una reestructuración de los modelos de represión. La imposición de los modelos ideológico y represivo que conforman el nuevo Estado policial en ciernes −que en los albores del siglo XXI tienen epicentro en Colombia y México−, se apoyó en las nuevas tecnologías, la comunicación satelital y la monopolización de los medios de difusión masiva, públicos y privados, como vehículos de propaganda y del terrorismo mediático, donde se prioriza la mercadotecnia-imagen y/o la mentira organizada frente al discurso y los argumentos de la política y los políticos.
         El actual Estado autoritario en formación en los dos países citados, guarda una línea de continuidad, en lo ideológico y militar, con el antiguo modelo de dominación imperial, clasista, de los años 60-70 del siglo pasado. Al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la administración de John F. Kennedy impulsó la Alianza para el Progreso y una nueva Doctrina de Seguridad Nacional a escala continental. Ambas políticas, combinada con golpes cívico-militares en Brasil (1964), Bolivia (1971), Uruguay y Chile (1973), Perú (1975), Argentina (1976) y otros países del área, llevaron al terrorismo de Estado. Es decir, al reinado de las ejecuciones sumarias extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura sistemática, las cárceles clandestinas, los presos políticos.
         Remozada, echando mano de la Escuela Francesa” −la doctrina de la guerra sucia antisubversiva puesta en práctica por el ejército colonial galo en las selvas de Indochina y en las calles escarpadas de Argel−, la contrainsurgencia clásica estadunidense definió como el “enemigo interno” al comunista, al tupamaro, al montonero, a los cívicos de Genaro Vázquez y Lucio Cabaña o a la Liga 23 en México. En ese período, los escuadrones de la muerte y el paramilitarismo en el campo hicieron su agosto. Después vinieron la guerra de baja intensidad contra Nicaragua sandinista y la participación militar encubierta de Estados Unidos en los conflictos internos de El Salvador y Guatemala. Luego llegaría la “guerra”contra el narcotráfico como sustituto del fantasma comunista.
         El 11 de septiembre de 2001 fue la oportunidad para un golpe de Estado técnico contra la República en Estados Unidos. Mediante el uso de la mentira como arma de guerra y una recurrente campaña de miedo neo-macartista a base de Al Qaeda, ántrax y otros compuestos peligrosos, la administración Bush logró imponer la forma de un Estado policial-militar al interior de Estados Unidos, y neohitleriano en ultramar, con sus guerras relámpago dizque preventivas en Medio Oriente y otras partes del mundo, y sus políticas de grandes áreas y “espacio vital” en el Hemisferio Occidental.
         Asimismo, Washington logró fabricar a escala mundial la imagen del terrorismo como enemigo unificador. Y en nuestras latitudes trató de imponer −en algunos casos con éxito, como aquí en Colombia− al “narcoterrorismo” como amenaza idónea a aniquilar. Es decir, lo impuso en la agenda de algunos gobiernos locales y en los grandes medios de difusión masiva. También manufacturó nuevos enemigos a modo, funcionales según las coyunturas, como el populismo radical, o la mara salvatrucha y Los Zetas para el caso de México y Centroamérica, con sus antídotos: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el Plan México o Iniciativa Mérida y las “guerras” de Vicente Fox y Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal.
           Si la Doctrina de Seguridad Nacional fue un instrumento ideológico-militar apto para contrarrestar a los movimientos de liberación nacional en los años 60/70 (la guerrilla y las organizaciones de izquierda clasistas como encarnación del enemigo “comunista”, la “antipatria”, la “subversión atea”), tras las derrotas militares de los grupos armados y la larga noche de la dominación castrense y la dictadura del pensamiento único neoliberal, dada la segmentación de los movimientos sociales y populares, el imperio, las oligarquías vernáculas y sus administradores cipayos han venido trabajando en la construcción social del miedo. Es decir, en la fabricación del nuevo enemigo interno.
           El miedo construye escenarios de riesgo en la subjetividad colectiva y altera la vida cotidiana mediante la angustia, el temor y una sensación de peligro latente. También genera odio; porque el odio es el miedo cristalizado, objetivizado. Miedo/odio a los pobres, a los marginados, a los resentidos, a los diferentes, a los indígenas, a los negros, a los antiCristos. A los “enemigos de México” (verbigracia, “López Obrador, un peligro para México”, símil “tropical” de Hugo Chávez diría Enrique Krauze). Así, todo lo que se opone a los intereses de los que mandan forma parte del mal, de lo diabólico, de lo irracional.
           Sembradas en el subconsciente colectivo las imágenes del enemigo; identificados y socializados intencionalmente los culpables; impregnado el virus del terrorismo mítico; fabricado el miedo ante enemigos imaginarios e invisibles presentados como potenciales agresores, ante el temor de la sociedad, el sistema invade y controla la vida privada, genera imaginarios de exclusión: guetos, comunidades urbanas cerradas, barrios amurallados en fraccionamientos con seguridad privatizada. Una forma de crear fragmentación social; de promover el individualismo; de erosionar la vida comunitaria y la solidaridad entre hombres y mujeres, mientras el miedo, la (in)seguridad estatal y el mercado se dan la mano.
           Los tres ejes clave en esa construcción del miedo, como caballos de Troya para militarizar al nuevo Estado autoritario e imponer la tolerancia cero de la Doctrina Giuliani, son el terrorismo y el “eje del mal” (Cuba y Venezuela incluidas); el populismo radical (Hugo Chávez, Evo Morales, Andrés Manuel López Obrador) y lo que se ha dado en llamar el crimen organizado. Ante esos enemigos míticos, imaginarios, impredecibles, utilizados como distractores (que en algunos casos existen, pero son potenciados por los medios de difusión masiva como propagandistas de “la razón de Estado” para imponer leyes más duras y recortar las garantías constitucionales e individuales), el modelo que busca imponer el sistema de dominación al interior de nuestros países es la “mano dura”: la militarización de las policías y la policialización de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina).  
           En ese escenario manufacturado, el nuevo Estado policial autoritario se presenta ante la sociedad como “el salvador”. No como parte del conflicto sino como su solución. Así, la respuesta es la violencia institucionalizada. Por ello busca legitimar el uso de la fuerza y genera de facto un Estado de excepción. Con el juego de la “lucha contra el terrorismo” y el “crimen organizado”, encarcela a la sociedad. La vigila. Limita los espacios públicos. Invade la privacidad de las personas. Impone nuevas leyes represivas como la Ley Antiterrorista en Argentina, El Salvador, Paraguay o México −a imagen y semejanza de la Ley Patriota en Estados Unidos−, que permite la intervención de las comunicaciones privadas (telefónicas, Internet o grabaciones ilegales). Inventa guerras para que las veamos en vivo y en directo por la televisión. Discrimina. Fomenta la delación. El no te metas. Mata en los retenes. Viola mujeres. Y deja expedito el camino para que “agentes privados, corporaciones del mercado, mercenarios, paramilitares y sicarios detecten la oportunidad de lucrar con el crimen”.
         Porque de lo que se trata, en definitiva, es “hacer gritar a la inseguridad”,  para abrir las puertas al control y la represión. Un proyecto relativamente fácil para los diseñadores de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), toda vez que para ello se necesita de sectores ilegales y corruptos dentro de las instituciones policiales, militares y de seguridad  del Estado, como ocurrió en el Cono Sur, por ejemplo, con las operaciones de contrainsurgencia de la Operación Cóndor.
         Sólo que entre la represión al delito y la represión al conflicto social hay un hilo muy delgado. Ese es un tema clave de la GBI. La construcción del miedo y la fabricación de enemigos míticos, elusivos, como el terrorismo y el crimen organizado, obedece a la necesidad de aterrizar las armas, el entrenamiento y las asesorías para la represión. Para la guerra contra el pueblo. Eso ha sido el Plan Colombia. Eso será la Iniciativa Mérida, mejor conocida como Plan México. Es porque el pueblo se viene organizando desde abajo de múltiples maneras, sistémicas y antisistémicas, acumulando fuerza, elaborando proyectos alternativos, avanzando en grados de conciencia y organización, que los que mandan y sus administradores necesitan militarizar al Estado.
         En el caso de México, país que comparte una enorme y porosa frontera de 3 mil 152 kilómetros con Estados Unidos, el “hacer gritar la inseguridad” respondería a las necesidades de “seguridad nacional” de Estados Unidos, lo que convirtió de facto al polo más débil de esa relación bilateral asimétrica, en parte del “perímetro de seguridad” geográfica de la superpotencia. Al declararse en estado de guerra contra Al Qaeda, el gobierno de Washington dejó atrapado a México en una contradicción: si para Estados Unidos el origen de la inseguridad era directamente el grupo radical islámico, para México lo era un Estados Unidos amenazado por Al Qaeda.
         A partir de los ataques del 11/S, la Casa Blanca y la comunidad de inteligencia estadunidense explotarían esa contradicción al máximo. En 2002, durante la “Cumbre de Monterrey”, Bush le impuso a Fox un “plan de acción” de 22 puntos, cuya meta era llegar a una “frontera inteligente”, es decir, eficiente y segura en la regulación del paso de mercancías y personas.  Además, Fox aceptó el intercambio de información de inteligencia y la existencia de ciertos controles de seguridad en México por agentes de Estados Unidos (del FBI, la CIA, Aduanas y otras agencias), así como la capacitación de elementos mexicanos en ese tipo de tareas por sus contrapartes estadunidenses.
         El tema cobró alta visibilidad los primeros días de enero de 2004, cuando varias terminales aéreas mexicanas (entre ellas los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara, Los Cabos, Monterrey, Mérida y Acapulco), fueron ocupadas por agentes del FBI, la CIA y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en el marco de un operativo de control antiterrorista. El 3 de enero, los principales encabezados de la prensa dieron cuenta de lo que algunos medios definieron como un acto de “histeria, intromisión y majadería” estadunidense  y una nueva “rendición” de Fox  ante la paranoia antiterrorista de Washington: “Toma EU control de revisiones en el aeropuerto del DF” (La Jornada); “Supervisa el FBI aeropuerto del DF” (Reforma); “La intromisión de agentes de EU indigna al Congreso” (Milenio); “Controla EU seguridad aérea en México” (El Independiente).
         Como señaló entonces Gilberto López y Rivas, nunca en los 70 años del régimen de partido de Estado los gobernantes de México se habían atrevido a llegar a tal grado de “ignominia”, a pesar de que muchos funcionarios, policías y militares mantenían estrechas relaciones formales y clandestinas con agencias de inteligencia de Estados Unidos; recibían “asesoría” del FBI en control de multitudes, vigilancia extra legal, técnicas de interrogatorio (tortura) y contrainsurgencia; fichaban y daban seguimiento a pasajeros que viajaban a Cuba y países socialistas, y entregaban a sus contrapartes estadunidenses “información” sobre los subversivos comunistas mexicanos y de otras nacionalidades.  Lo más grave, ahora, era que quien había asumido la responsabilidad de practicar una política de colaboracionismo incondicional con Washington era el propio presidente Fox, quien se ufanó de recibir “tareas” de su homólogo en la Casa Blanca. “Frecuentemente él (George W. Bush) me pide hacer algunas tareas, y yo a veces le pido otras”, dijo Fox durante una conferencia con corresponsales de la prensa extranjera.
           
El Plan México: Militarización y daños colaterales

En agosto de 2007, ya durante la gestión de Felipe Calderón (el presidente surgido de un fraude de Estado), el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora confirmó que en el marco de la “guerra” a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo México y Estados Unidos venían negociando un multimillonario paquete de seguridad similar al Plan Colombia. Sin revelar mayores datos, el funcionario dijo que “algo tarde o temprano se aplicará” en México y que la asistencia estadunidense superará los alcances del Plan Colombia. Admitió, también, que el acuerdo contemplaba cursos de capacitación y el suministro de equipo y tecnología militar, pero aseguró que, cito, “no habrá, bajo ninguna circunstancia, una injerencia externa” y que “la conducción operacional” estará a cargo de efectivos mexicanos. Los señalamientos del procurador fueron una respuesta implícita a la información proporcionada por The Washington Post, según la cual quedaban por definir algunos “puntos delicados”, en particular lo que tiene que ver con la presencia de instructores militares estadunidenses en territorio mexicano.
         Al respecto, quiero destacar un par de puntos. Más allá de los señalamientos oficiales acerca de que no se permitirá una injerencia militar y policial estadunidense en México, es bien conocido que el abastecimiento de tecnología represiva a los regímenes autoritarios en el extranjero es un producto intencional y coherente, y no periférico o accidental, de la diplomacia de guerra de Washington. En los años sesenta del siglo pasado, los llamados Documentos del Pentágono y otros informes desclasificados confirmaron que Vietnam del Sur había sido elegida como “campo de prueba” para ensayar la efectividad de la naciente estrategia de contrainsurgencia de la administración Kennedy.
           Desde entonces, como parte de una estrategia global post-Vietnam y con el pretexto de fortalecer las defensas del “mundo libre” frente a la “amenaza comunista” −un enemigo elusivo y a modo sustituido después por las “guerras” a las drogas y al terrorismo que llegan hasta nuestros días−, distintos inquilinos de la Casa Blanca, en colusión con grandes empresarios del complejo militar industrial utilizaron el Programa de Ayuda Militar, el Programa de Ventas Militares al Extranjero y el Programa de Control de Narcóticos como mecanismos de penetración de los gobiernos, los ejércitos y las policías de los países del tercer mundo.
           Junto a la relación de influencia política-dependencia que se establece entre el país vendedor y el país comprador de tecnología y equipo militar y de seguridad, el contacto entre las elites castrenses y policiales derivado de este tipo de convenios permite al proveedor (la mancuerna Pentágono/industria de defensa), a través de los programas de entrenamiento, contratos de servicios y mantenimiento y asistencia técnica, establecer relaciones interinstitucionales y personales duraderas con jefes militares y policiales de alto rango del país anfitrión o receptor de la ayuda, lo que en su larga historia de vínculos con América Latina llevó a Estados Unidos a establecer relaciones de poder y a involucrarse de manera directa en procesos de desestabilización, golpes de Estado, operaciones encubiertas y guerras de baja intensidad.
           La ventaja política que se deriva para el vendedor de armamento y tecnología castrense es de simple comprensión. La mayoría de los armamentos modernos necesitan partes de recambio y asistencia en el entrenamiento y mantenimiento que únicamente puede obtenerse del productor. Cuando más complicada es el arma, más dependiente llega a ser el comprador de los servicios técnicos facilitados por el proveedor. Y como esos servicios se requieren a lo largo de toda la vida útil del producto (por ejemplo 15-20 años en materia de aviación), un convenio de armamento normalmente tiende a vincular políticamente al receptor con el donante durante ese tiempo, si se quiere mantener una cierta continuidad en la efectividad militar.
           William Perreault, ex vicepresidente de la Lockheed −compañía que durante la guerra fría vendió decenas de Hercules C-130 a países latinoamericanos−, decía que “cuando se compra un avión, se compra también un proveedor y una línea de abastecimiento; en otras palabras, se compra un socio político”. A causa de la complejidad de la aviación  moderna, explicó, “con sólo una pequeña pieza que no funcione, todo va mal” y el avión debe quedarse en tierra hasta que se sustituya. Eso fue lo que le ocurrió a México con la donación estadunidense de 73 helicópteros Huey al gobierno de Ernesto Zedillo en 1997; muy pronto la mayoría de los aparatos quedaron fuera de servicio e incluso varios se desplomaron ocasionando la muerte de sus tripulantes. Eso es lo que podría pasar sí, finalmente, de aprobarse el paquete, Estados Unidos provee a México helicópteros Black Hawk o Sikosky y aviones Citation, como ha solicitado la Sedena.

El que paga manda

         Finalmente, el plan fue anunciado el 22 de octubre. En un comunicado conjunto, los gobiernos de EU y México definieron la Iniciativa Mérida como “un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”. Según el documento, el marco de la nueva cooperación bilateral es hacer frente a “amenazas comunes”, mismas que fueron identificadas como organizaciones transnacionales del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas”. Todo esto, se precisa, basado en el pleno respeto de la soberanía, jurisdicción territorial y marcos legales de cada país, y orientadas bajo los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad.
           El artículo 76, fracción I de la Constitución mexicana establece como facultades exclusivas del Senado: Primero: Analizar la política exterior desarrolladas por el Ejecutivo Federal, pero además aprobar tratados internacionales, convenios. Fue en base a ese artículo que el Senado llamó a comparecer a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
           ¿Qué dijo de manera sustantiva la canciller? Uno. Que el Plan México es una iniciativa de Felipe Calderón (Está igual que Fox con la presunta paternidad del Plan Puebla-Panamá). Dos. Que la iniciativa tiene carácter multianual y abarca el años fiscal 2008 y los subsiguientes, 2009 y 2010, con un monto total de mil 400 millones de dólares en aportaciones en “especie” de estados Unidos a México. Tres. Que la iniciativa no contempla presencia alguna de tropas de EU, ni la participación operativa de agentes, empresas de seguridad privada o asesores privados estadunidenses. Que no existe ningún topo de condicionamiento o requerimiento por parte de EU. Cuatro. En la parte más sustantiva, tras siete meses de negociaciones secretas con el gobierno de Estados Unidos, la funcionaria enumeró de manera general algunos de los contenidos del plan, aunque no especificó cantidades ni tipo de armamento.
         Pero según supimos entonces, el millonario paquete de asistencia militar de EU a México incluye aviones y helicópteros para transporte de personal, vigilancia y patrullaje; equipo para la modernización y ampliación de un sistema de comunicaciones seguras para dependencias de seguridad nacional; escáneres de rayos gama y rayos equis para detectar droga; software para análisis de datos asociados con inteligencia financiera; perros adiestrados para detección de narcóticos, armas y otras sustancias ilícitas; vehículos blindados; equipos y tecnología (software, bases de datos, verificación de documentos, digitalización de formas migratorias) para modernizar al Instituto Nacional de Migración; equipo de vigilancia e inspección para modernizar el servicio postal mexicano en la Ciudad de México, y entrenamiento y capacitación en varias áreas, incluida la profesionalización de la policía.
           Cuando dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática le pidieron tener acceso el documento firmado con Estados Unidos, saber quién lo firmó, qué compromisos se aceptaron y el fundamento jurídico para hacerlo, la respuesta que recibieron fue insólita: el único documento existente es el comunicado conjunto de EU y México. Dijo Espinosa (cito): “No hay documento firmado. No es un tratado internacional; es un documento que refleja el compromiso de ambos gobiernos de trabajar de manera conjunta”. Más adelante, ante la insistencia de los senadores, hablo de un “compromiso político”; de “acuerdo de voluntades”; de “un esquema de cooperación bilateral (…) que no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional. Por lo tanto, no se trata ni de un tratado que deba ser sometido a aprobación del Senado (mexicano) ni de un acuerdo interinstitucional como lo define la Ley de celebración de Tratados”.
           No sé si me siguen: Un  acuerdo que fue definido por el embajador estadunidense Antonio Garza como el “proyecto más agresivo” jamás impulsado por el gobierno de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental, carece en México de control legislativo. En buen romance, se quiere pasar de contrabando la Iniciativa Mérida, sin que quede sujeta a la supervisión del Senado mexicano.
           Recordemos que el Plan México se inscribe en el marco de la alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que es el TLC militarizado. Que México ha sido integrado de facto al “perímetro de seguridad” de EU y que el territorio nacional está incluido también de facto en la zona bajo control del Comando Norte del Pentágono. Recordemos, también, que el paquete de “asistencia” para México fue incluido en el marco del pedido de más ayuda para sostener las intervenciones militares del Pentágono en Afganistán e Irak y de la “guerra al terrorismo”. Por lo cual, la alianza militar a la fuerza contenida en el ASPAN permite ampliar y dirimir las guerras de EU al territorio de México, un país que no tiene enemigos potenciales, pero sí petróleo. Lo que implica, a su vez, que las instalaciones estratégicas de Pemex y su red de ductos puedan pasar a ser objetivos militares  de presuntos enemigos de EU, sean o no terroristas.
           En función de lo anterior, resulta al menos paradójico, que lo que se presenta como la panacea en materia de seguridad, como “el nuevo paradigma”, no esté plasmado en un documento público. Como insólito resulta, también, no ya que el pueblo de México no haya sido informado por el gobierno, sino que el propio Senado carezca de información oficial del régimen de Calderón y se haya enterado por el presidente de Estados Unidos y las agencias de noticias de la Iniciativa Mérida. Más: según el senador Ricardo Monreal, el Senado de la República fue ninguneado por la Presidencia. Tenía razón el senador Monreal cuando dijo que “el que paga manda” y que la Iniciativa Mérida se parece a un acuerdo interno del gobierno de Estados Unidos, con gobiernos locales o países asociados, semicoloniales, como Puerto Rico.
           Con algunos agravantes:
           El Plan México no es un “simple” acuerdo de cooperación técnica, logística y de equipo como intento sugerir la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Equipo, por otra parte, que ya está “etiquetado”, lo que supone que la mayor parte del paquete millonario irá a diversos rubros específicos y no saldrá de Estados Unidos, ya que México deberá destinarlo a la compra de aviones, helicópteros de combate, barcos, equipo bélico, radares y sofisticados instrumentos para monitoreo aéreo e intervención de telecomunicaciones, así como para sufragar cursos de entrenamiento y asesorías. Es decir, al igual que ocurre en Colombia, el Plan México será un negocio millonario en dólares para compañías militares y de inteligencia de Estados Unidos, y ofrecerá contratos de mantenimiento, entrenamiento y servicios relacionados a grandes corporaciones del complejo militar industrial. Un artículo de Misha Glenny en The Washington Post, consignaba un reporte del GAO de 2007 sobre el Plan Colombia, según el cual 70 por ciento de la ayuda a este país nunca sale de Estados Unidos.
           Decíamos que la Iniciativa Mérida no es un “simple” acuerdo de cooperación técnica, logística y de equipo. Implica, también, la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia. Incluye la capacitación para profesionalizar la procuración de justicia y para financiar reformas a los procesos judiciales. Es decir, a cambio de recursos en especie, Estados Unidos se abroga el derecho de decir cuáles reformas deben ser incorporadas a las leyes y códigos mexicanos. Comprende, además, reforzar la administración de las prisiones así como compartir información migratoria (verificación de visas, etc.). Y tal vez lo más grave: la “ayuda” abarca la reorganización de los cuerpos de inteligencia y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Estados Unidos. Es decir, la inteligencia de México quedará al servicio de los requerimientos de seguridad de Estados Unidos.
          No deja de ser extraño que en las declaraciones públicas no figure nada relacionado con el tipo de armas y tampoco se mencionen palabras como fumigación y agentes encubiertos, aunque lo más probable es que no fueron  sacadas del paquete en sí. De paso, un punto que no aclaró suficientemente la canciller Espinosa, tiene que ver con la virtual equiparación (desde la óptica estadunidense) de tres términos: terrorismo, narcotraficantes y migrantes indocumentados.
          Recapitulemos:
           La Iniciativa Mérida está en función de la agenda de seguridad de Washington y no de las prioridades nacionales de México. Las prioridades de EU son:
Uno. Guerra a las drogas (en territorio mexicano). Dos. Guerra al terrorismo (idem).
Tres. Seguridad fronteriza (en las fronteras norte y sur de México). Cuatro. Control (monitoreo) estadunidense sobre la seguridad pública, las policías de México y las Fuerzas Armadas. Cinco. Construcción de instituciones y reglas de ley similares a las de Estados Unidos (homologación de leyes como parte de la integración silenciosa subordinada).
          Funcionarios de ambos países reiteraron que el plan no considera tropas o agentes estadunidenses realizando operaciones en México. Pero en realidad se trata de un asunto menor. La real amenaza para México es que el gobierno de Estados Unidos es co-diseñador de la estrategia de seguridad nacional, lo que significa, repito, una cesión de soberanía.  Incluso, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos instaló en México el Centro conjunto de Implementación (CCI), instancia “bilateral” que funcionará al margen de la constitución mexicana y las leyes locales, donde expertos de Washington tomarán decisiones estratégicas, a la vez que vigilarán, fiscalizarán y calificarán el trabajo de las fuerzas armadas y las distintas policías nativas en el uso del equipo militar aprobado por el congreso de EU. El CCI es el “cuarto de guerra” que encontró a su llegada a México el nuevo embajador estadunidense Carlos Pascual, especialista en desestabilización y reconstrucción de Estados fallidos, guerra asimétrica, golpes suaves y comunicación estratégica.
           Es evidente, que al anunciar el programa dentro de las “necesidades críticas de la seguridad nacional” de Estados Unidos, y en el marco de la ley dedicada a la intervención militar en Afganistán e Irak y la llamada “guerra contra el terrorismo”, Bush logró colocar la relación con México bajo la óptica de su política militarista. En ese contexto, dada la tradicional tendencia de Estados Unidos a abusar de los mecanismos de “cooperación bilateral” en materia de seguridad, que suele utilizar para realizar acciones de espionaje, intervenciones encubiertas y chantajes diplomáticos en la vida política de los países anfitriones, la Iniciativa Mérida significa una grave amenaza a la soberanía y la seguridad nacional de México.
            México adoptó la agenda de EU. Calderón asumió como propias las preocupaciones de Washington. Renunció a la autonomía en materia de política exterior. Cedió soberanía en áreas estratégicas que tienen que ver con la inteligencia, la seguridad y soberanía nacionales. Más allá del juego semántico, el Plan México es un simil del Plan Colombia. La Iniciativa Mérida, bautizada así para efectos políticos,  representa la aplicación de la estrategia de Estados Unidos en México.  Los cacareados principios de “confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad” entre dos países asimétricos como EU y México es una humorada que intenta romper la ley que rige la relación entre el tiburón y la sardina.    

El imperio contraataca

Vayamos al presente. Ante la irrupción de procesos políticos y sociales de nuevo tipo que desafían la hegemonía y el mito de la invencibilidad del dominio de Estados Unidos en América Latina, la administración Obama/Clinton viene profundizando las estrategias heredadas por George W. Bush, con énfasis en la intervención político-militar abierta y encubierta en áreas consideradas de importancia vital para el imperio. Se trata de la tradicional política del garrote y la zanahoria, con la novedad, ahora −al decir de Pablo González Casanova−, de que opera en “redes”. Es decir, Washington cuenta con una “fuerza de tarea” integrada por gobiernos clientes, como los de Álvaro Uribe en Colombia y Felipe Calderón en México.
         La actual estrategia regional fue diseñada por el Departamento de Defensa durante el mandato de William Clinton. Su primera fase arrancó en 1999, cuando el Comando Sur del Pentágono tuvo que desmantelar la Base Howard en la zona del Canal de Panamá y trasladar sus principales funciones e instalaciones a la Florida y Puerto Rico. Ello obligó a cambios profundos en la presencia del Pentágono en América Latina y el Caribe. El nuevo modelo alternativo fue la instalación de una red de bases militares denominadas Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés), y la selección de Colombia como plataforma para intentar una vietnamización de América del Sur.
         Diseñadas como plataformas portátiles de inteligencia en conexión inmediata con el Centro Espacial de Guerra en la Base de la Fuerza Aérea Schriever, Colorado Springs (EU), las bases FOL de Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano; Comalapa en El Salvador; Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curazao) en el Caribe, han venido funcionando como infraestructura de apoyo en ruta para las fuerzas expedicionarias del Pentágono encargadas de la guerra de contrainsurgencia en la región. Washington complementó su nueva estructura militar con una red de 17 radares de largo alcance, como el que opera en Tres Esquinas (Caquetá, Colombia), y dos bases de tierra, Guantánamo en Cuba y Soto Cano o Palmerola, en Honduras, donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, la única del Comando Sur fuera del territorio de Estados Unidos, vinculada con las unidades secretas de Cerro La Mole y Swan Island, indispensables para el funcionamiento de la inteligencia militar estadunidense en el área.
         Con Clinton se fue diluyendo la diferencia conceptual entre la lucha contra las drogas y la guerra contrainsurgente. El conflicto interno colombiano fue alimentado con denominaciones tales como “narcoguerrilla” y “narcoterrorismo”. Luego, la administración Bush convirtió el prototipo colombiano basado en el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, en un producto de exportación. Las bases FOL del Plan Colombia sirvieron de modelo para la instalación de pequeñas bases en los países vecinos de Afganistán, y hoy la “democracia de escuadrón de la muerte” de Uribe aterriza en el México de Calderón, vía la Iniciativa Mérida, financiada por Estados Unidos, que entre otros propósitos busca consolidar un bloque de contención militarizado ante los procesos de transformación social que se vienen dando en Nicaragua, Honduras y El Salvador.
         Lo anterior ha sido complementado con operaciones encubiertas del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia, y las llamadas “guerras por intermediarios” que, basadas en el laboratorio de la ex Federación Yugoslava, fomentan la sedición y el separatismo en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Las acciones clandestinas incluyen técnicas de penetración a través de la captación de “aliados” internos mediante la corrupción, el cohecho o la afinidad ideológica, que son utilizados luego como agentes provocadores, y que como en el caso de las actividades secesionistas en la Media Luna boliviana, puede incluir acciones de carácter paramilitar y campañas de propaganda negra e intoxicación (des)informativa, que cuentan con apoyo de grandes medios bajo control monopólico privado, alimentados por la USAID y la USIA.
         En 2008, el andamiaje militar de Washington fue reforzado con el relanzamiento de la IV Flota de la Armada de Guerra, que incursiona ahora en los océanos Pacífico y Atlántico y en las aguas marrones del interior de América Latina, en abierta provocación al Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), integrada por 12 países del área.
         En su fase actual, la estrategia de reversión Obama/Clinton recurrió al golpe de Estado en Honduras, ante la intención de Manuel Zelaya de convertir la base militar de Soto Cano en un aeropuerto comercial. El presidente depuesto pretendía seguir los pasos de su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, quien no renovó el contrato para la permanencia de EU en Manta. Sumada a Manta, la eventual pérdida de Soto Cano debilitaba la red de bases FOL del Pentágono. De allí la asonada. No obstante, Washington adelantaba negociaciones secretas con Álvaro Uribe para convertir a Colombia en su gran enclave militar en el corazón de América del Sur, con la mira puesta en los hidrocarburos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y los recursos de la Amazonía.
         En el marco de la Doctrina de Guerra Irregular, el Comando Sur sustituirá las funciones de Manta con la base de Palanquero, que será apoyada por otros dos bastiones de la Fuerza Aérea colombiana en Apiay y Malambo, y las bases navales de Bahía de Málaga y Cartagena. Un nuevo contrato permitirá que soldados, aviones y buques de guerra de Estados Unidos participen “legalmente” en operaciones contra las guerrillas de las FARC y el ELN. A su vez, Venezuela quedará encerrada en un triángulo de hierro entre Colombia, la IV Flota, Aruba, Curazao y Soto Cano. Y en breve, el papel de México, incorporado de facto a la guerra contrainsurgente regional de EU, podría cobrar mayor visibilidad.  


Paramilitarismo en ciernes

Termino con el México de la coyuntura. Aparte de la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico, legitimador, con el Estado, la guerra reguladora sin fin que, en clave de cruzada, dice librar Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma la intención encubierta de fomentar y/o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como Colombia derivó en la paramilitarización estatal. Al respecto, los casos más sonados en estos últimos meses de vértigo en México, son los de la comunidad mormona de Le Barón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, y sendas matanzas de jóvenes “desechables” perpetradas por escuadrones de la muerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Navolato, Sinaloa.
         En julio, tras el secuestro y ejecución de dos líderes de Le Barón por un grupo de sicarios, el gobernador José Reyes Baeza anunció la creación de una “policía comunitaria” provista con armas largas y cortas de alto poder y equipos de radiocomunicación. Luego dio marcha atrás, pero la absurda decisión de armar a la población civil para que haga justicia por su propia mano llamó la atención, porque Chihuahua es la entidad más militarizada del país y está virtualmente en estado de sitio. En ese contexto, el 1 de septiembre un comando de cuatro hombres armados irrumpió en el centro de rehabilitación Aliviane, especializado en adictos a las drogas en Ciudad Juárez, formó con violencia a 22 jóvenes contra una pared interior y los rafagueó con disparos de AK-47, conocidos como cuernos de chivo. Cinco jóvenes están desaparecidos. Un día antes, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, había declarado que los centros de rehabilitación se han convertido en un “semillero” de criminales, porque los cárteles reclutan allí adolescentes considerados “desechables”. Según la procuradora de Justicia estatal, Patricia González, el múltiple homicidio fue parte de una guerra de “exterminio”.
         El 29 de agosto, en el malecón de Navolato, Sinaloa, otro comando de características similares e idénticas armas, había asesinado a diez jóvenes, entre ellos dos mujeres y tres menores. Los sicarios llegaron al tradicional punto de reunión para adolescentes los fines de semana, y sin decir palabra dispararon sus AK-47 contra el grupo. En el lugar quedaron 95 casquillos. Dos de las víctimas tenían antecedentes por robo de autos. Una semana antes, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, había denunciado que en lo que iba de 2009 habían sido localizados 35 jóvenes asesinados por “escuadrones de la muerte”. Para justificar sus crímenes los asesinos dejaron “mensajes” adheridos a las ropas de sus víctimas, calificadas como “ratas”.
         Ambas matanzas reúnen elementos comunes. Se estaría ante el exterminio de “jóvenes desechables” por vengadores anónimos, lo que en Brasil y Colombia se conoce como “limpieza social”. Con un antecedente adicional: en mayo, un periódico capitalino entrevistó al jefe de un comando parapolicial autodenominado El Grupo, financiado por empresarios, comerciantes y profesionales. El comando de ajusticiamiento privado actúa desde hace 12 años, y habría surgido del “hartazgo ciudadano” ante la incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia. ¿Su misión?, Negociar con secuestradores la liberación de sus víctimas, pero también perseguir, capturar, interrogar, torturar y decidir quién muere. El Grupo recluta civiles, uniformados en activo y ex policías. “Hacemos justicia donde el Estado no la aplica”. Una justicia anónima, vengativa, extralegal. Según la fuente, a algunos “monstruos” los alcanza “Dios”. El método puede ser un tiro en la cabeza y “hacer aparecer como que la víctima cayó en un enfrentamiento en la calle” (sic). ¿Falsos positivos en México, como en Colombia?
         El Grupo opera de modo clandestino, pero buena parte de sus acciones de inteligencia, rastreo de redes telefónicas, seguimiento fotográfico y operativos de captura son realizados de manera conjunta con autoridades policiales federales, estatales y municipales; mandos que saben de sus estrategias y los métodos que aplican, entre ellos, la tortura. A él se sumarían Los Linces, Los Matazetas y otros inventos. Marcela Gómez Zalce consignó que Felipe Calderón recomendó en privado a empresarios de Ciudad Juárez y Monterrey la contratación de servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros. Lo que a su juicio demostraría la fallida estrategia gubernamental anticrimen, y la legalización de facto del paramilitarismo. El ex diputado Alfonso Suárez del Real acusó al gobierno federal de fomentar la creación de grupos paramilitares, con lo que se estaría renunciando a una de las prerrogativas esenciales del Estado: el monopolio legítimo de la violencia.
         Sin embargo, se podría estar ante un nuevo fenómeno: la “colombianización” de México, por la vía de la paramilitarización del país bajo protección oficial. El paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una “tercera fuerza” que actúa con autonomía propia. Es, como en la matanza de Acteal, Chiapas (1997), una estrategia del Estado ligada al Ejército y basada en la doctrina de contrainsurgencia clásica de la Escuela Francesa, asimilada y perfeccionada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En el caso mexicano existe una relación estructural, histórica, entre quienes practicaron la guerra sucia y los cárteles de la economía criminal. Los viejos guerreros sucios que asesinaron y desaparecieron civiles y guerrilleros en los años 60 y 70, entre ellos muchos mandos castrenses y policiales, nutrieron la nueva generación de narcotraficantes, secuestradores y asaltantes, y hoy podrían ser refuncionalizados por el gobierno con fines de control social.
                  
         
    
 
         

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