Lucha de los Pueblos

Gilberto Lopes

El presidente de la República convocó a los representantes de medios internacionales a su casa, el lunes 26 de abril, para una conferencia de  prensa de despedida. De hecho, gran parte de sus respuestas fueron inspiradas en el discurso con el que, el 1º de mayo, se referirá a los logros de su gobierno y a los avances que, en su opinión, se alcanzaron en el país en los últimos cuatro años.
En la conferencia de prensa, el micrófono se iba turnando y, a las preguntas de los periodistas, el presidente iba exponiendo sus puntos de vista. De los temas nacionales tratados ese día habrá que hablar en otra oportunidad.
A mí me interesaba saber qué había pasado con su propuesta de desmilitarizar el Uruguay. El presidente José Mujica había anunciado que respondería, y alguien me había comentado que ya lo habría hecho. Pero no conocía esa respuesta. Pues, en medio de tantas preguntas, pretendía aclarar el tema con el presidente. Eso era todo lo que quería preguntar. (Finalmente aseguró que no había recibido respuesta y que no tenía esperanza de que su propuesta fuera aceptada).
Pero, en medio del diálogo, otros temas llaman la atención, surgen otras inquietudes. Aquí no ocurrió diferente.
El presidente habló del desarme, de su denuncia permanente contra el armamentismo, de los 160 mil millones de dólares que se gasta en América Latina en ejércitos y en armas. Él insiste en que el enemigo, en América Latina, es la desigualdad y la pobreza. Coincido, aunque pienso que él, con sus políticas, ha creado las condiciones para agravar ambas, en Costa Rica.
Le preguntaron sobre la militarización de México y Colombia, en la lucha contra el narcotráfico. Respondió que el crimen organizado ha obligado a los gobiernos de los dos países a enfrentarlo con las armas. En su opinión, “la inmensa popularidad de Uribe se explica por eso”. Parece así estar justificado el uso de las armas. Creo que eso es lo que se deriva de la frase.
¿Hasta dónde llega entonces el compromiso con el desarme? El tema despertó mi inquietud y me hizo ampliar, desdoblar, la pregunta original.
Le dije: –Usted defiende la desmilitarización en América Latina, pero justifica al ejército en Colombia. Como todos sabemos, en ese país, ministros, senadores, diputados, embajadores, generales, están presos por vínculos con la parapolítica, o la narcopolítica, que es, más o menos, lo mismo, o acusados de esos crímenes en los tribunales. Todos ellos cercanos al presidente Uribe. El último fue el senador Mario Uribe, su primo y uno de sus operadores políticos más próximos.
(Todos sabemos de la cercanía del presidente Arias con Uribe. Hace tan solo unos días, entre los actos de despedida de su gobierno, fue a visitarlo a Bogotá, para reiterarle su respaldo y recibir los homenajes correspondientes).
También le dije que aquí vinieron colombianos que nunca debieron ingresar a Costa Rica, porque por lo menos uno de ellos fue extraditado y hoy está preso por narcotraficante, en Estados Unidos. No lo dije ahí, pero lo agrego aquí: esa gente fue recibida por él, en casa presidencial.
Le dije entonces al presidente que a mí me preocupaba la posibilidad de que la narcopolítica se instalara en el país y le pregunté si a él no.
Silencio…
– ¡Quiera Dios que no se meta la narcopolítica en Costa Rica!, respondió.
Me parece que esa puede ser la respuesta de un vecino, en la calle. Pero no puede ser la respuesta del presidente de la República.
No fue Dios quién convocó la conferencia de prensa, fue el presidente de la República. Es él quien tiene que dar las explicaciones.
No estamos hablando de política. No se trata de que Uribe sea de derecha, o no. Se trata de algo mucho más serio. Instalada aquí, la narcopolítica cobrará la misma cuenta, en lágrimas y en vidas, que ha cobrado en todas partes.
Tenemos el derecho a preguntar. Y la obligación…
Y tenemos derecho a la respuesta.
Hay algo más: discrepo de toda la política privatizadora de este gobierno. Creo que es camino para agudizar las disparidades económicas y las tensiones sociales, como se ha visto en todo el mundo. Ese es un debate político, cuya legitimidad el mismo presidente defendió en la conferencia de prensa.
Pero aquí se trata de otra cosa. En ese afán privatizador, se ha llegado a ofrecer sumas millonarias a los trabajadores portuarios, para comprar sus voluntades. ¡Sumas superiores a los cien mil dólares, para cada uno!
Es evidente que eso se sale de toda lógica (o de casi toda). ¿Qué justifica esa voracidad?
Si hay tanto dinero disponible, ¿por qué el Estado no asume su responsabilidad, moderniza los puertos, los pone a trabajar, ahorra parte del dinero y aun se queda con el negocio, ahora, cuando la crisis ha mermado los ingresos fiscales?
Algunos se lamentan de que seremos todos los costarricenses los encargados de pagar esa cuenta. Yo discrepo. Si se privatizan los puertos, lo mejor que nos puede pasar es que seamos los costarricenses los encargados de pagar esa cuenta. Porque, si no, la pagarán otros, que no deberían nunca poner los pies en este país.
Insisto: no son temas de “política”.
¡Lo que está en juego es mucho más que eso!

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