Lucha de los Pueblos

Por: Lilia Solano

Volvamos a Auschwitz o Hiroshima, a los miles de muertos en Irak, o la cantidad no determinada de muertes civiles en Afganistán: la palabra “holocausto” ronda. Según el diccionario holocausto es el intento de genocidio con la intención de obtener supremacía sobre otros, para lo cual hay que cuidar de no eliminar a todas las victimas totalmente de la faz de la tierra. Estos nombres geográficos comprometen a Estados quienes perpetraron esas acciones genocidas, por lo cual hablamos de “Terrorismo de Estado”, que como en el caso de Afganistán es un "genocidio silencioso” que busca postrar a toda una nación.

Existe una suficiente ilustración en relación con la conexión intima entre un Estado que sobreenfatiza su componente militar y la centralidad del mercado que busca una preponderancia cada vez mayor[1]. Dado que las corporaciones transnacionales no cuentan con ejércitos oficiales que actúen formalmente en su nombre, ejercen su poder para que sea el Estado la entidad que se ocupe de esta función.

Eduardo Galeano señaló, en referencia a los hechos ocurridos el 11 de septiembre con la caída de las torres, que EE.UU. declara su oposición al terrorismo, pero desarrolla un papel muy importante en el terrorismo de Estado alrededor del mundo, especialmente en los países latinoamericanos que pasaron por la guerra sucia del Plan Cóndor, establecido por los dictadores militares que dirigieron un régimen de terror con el apoyo absoluto de los EE UU.

Ya desde 1945, en la Conferencia de Chapultepec, EE.UU estableció la Carta Económica de las Américas, que estaba enfocada a eliminar el nacionalismo económico en todas sus formas, con la excepción  de EE.UU. Washington estaba muy preocupado por lo que ellos llamaban –“la filosofía del Nuevo Nacionalismo”, que incluía "políticas diseñadas para establecer una distribución más amplia de la riqueza y para elevar el nivel de vida de las masas". Como era de esperarse y con la ayuda de las élites locales y con el trabajo obediente de los gobiernos de turno, la amenaza del Nuevo Nacionalismo se superó y hace unos años el Banco Mundial mencionó una de sus consecuencias: "(América Latina) es la región con la distribución del ingreso más desigual del mundo y habrá caos si los gobiernos no actúan agresivamente contra la pobreza".

Posteriormente, en 1962, la administración Kennedy modificó la misión de las fuerzas militares de América Latina de "defensa hemisférica" a "seguridad interna", proporcionando los medios y el entrenamiento para asegurar que la tarea se cumpliera a cabalidad. Lars Schouitz, especialista en derechos humanos, explicó el propósito general de la estrategia: "destruir de manera permanente la amenaza percibida contra la estructura existente de privilegio socioeconómico, eliminando la participación política de la mayoría numérica de las clases populares"[2].

En lo que corresponde a Colombia, este principio quedó plasmado en la experiencia de la misión de las Fuerzas Especiales General Yarborough, de 1962, la cual recomendaba "actividades terroristas y paramilitares contra los comunistas reconocidos". Alfredo Vásquez Carrizosa escribió refiriéndose a estos hechos: "Las iniciativas de esos años transformaron nuestros ejércitos regulares en brigadas de contrainsurgencia, aceptando la nueva estrategia de los escuadrones de la muerte".

Esta estrategia se conoce en América Latina como la Doctrina de Seguridad Nacional, no en defensa del enemigo externo sino del enemigo interno y así fue para Brasil, Argentina, Uruguay y sigue siendo la doctrina colombiana.

Durante los regímenes de seguridad nacional en varios países latinoamericanos eran arrojadas al mar decenas de personas desde aviones y helicópteros, otros decapitados masivamente y sus rostros desfigurados con ácido. En los años setenta y ochenta • hubo en Centroamérica una infinidad de masacres que alcanzaron niveles increíbles de crueldad. Por ejemplo, la de los indígenas en San Francisco, en 1982, se recuerda porque los soldados "...regresaron para matar a los niños que se habían quedado llorando y gritando, separados de sus madres, en la iglesia. Los mataron estrellándolos contra los muros"[3]

Desde una perspectiva más académica, que no por eso se sustrae a la acción política concreta, investigaciones como las de Franz Hinkelammert[4], ilustran para América Latina las alianzas entre el mercado libre y el terrorismo de Estado. Se puede seguir afirmando que la globalización fue impuesta por la vía de los llamados ajustes estructurales entre los cuales destacamos, por corresponder a nuestro tema en particular, el de la reestructuración del Estado lo cual se traduce en que se le quitan al Estado las funciones de la política de desarrollo y de la política referente a la infraestructura económica y social. Sin sus funciones principales le queda al Estado la tarea de perseguir y controlar al ciudadano, es decir, un Estado militar y policial.

Las versiones latinoamericanas de la reestructuración del Estado enfatizan la llamada flexibilización de la fuerza de trabajo, que significa la anulación de derechos tales como la protección frente al despido, la protección de la mujer y la de los niños. Esto se traduce en una seguridad social disuelta y unos sindicatos debilitados y en muchos casos exterminados.

La imposición de estas medidas de ajuste estructural se ha acompañado del terrorismo de Estado en países como Argentina. En Chile, por su parte, el modelo neoliberal se impuso por la vía del exterminio de sectores de la sociedad que proponían modelos alternativos. Actualmente Colombia y México representan países en los cuales es más clara la estrategia del terrorismo de Estado. En particular, en Colombia, la agenda de eliminación de quienes se convierten en estorbo a la agenda de entrega del país al libre comercio, toca los campos de la perversidad. Los gobiernos de los últimos veinte años se han comprometido en esta limpieza social.

La militarización y la rigidez autoritaria del Estado son condiciones necesarias para el establecimiento del libre mercado como ente ordenador de las dinámicas sociales. Planes como el Plan Colombia, Plan PueblaPanamá, Iniciativa Regional Andina y el ALCA presuponen gobiernos autoritarios como el de Uribe Vélez en Colombia. Es decir, el terrorismo de Estado reclama el derecho a combatir y exterminar a trabajadores sociales, sindicalistas, líderes populares, defensores de derechos humanos, sacerdotes, monjas,' pastores, dirigentes indígenas, campesinos, desplazados, profesores universitarios, guerrilleros reinsertados, periodistas, militantes del partido comunista, etc. La lista sigue y es larga de quienes se convierten en el "enemigo interno" en el campo de batalla en donde se libra la lucha para imponer estos planes.

La ola de la represión que azotó al continente comenzando con el golpe de Estado de 1964 en Brasil, no tuvo precedentes en la historia del continente,7 pero sí consecuencias duraderas. En especial, los jesuitas salvadoreños señalaron, en 1994, los efectos de la "cultura del terror para domesticar las expectativas de las mayorías", se les ordena que abandonen la teología de la liberación y la Escuela de las Américas afirma con orgullo que esa fue una herejía "derrotada" por el ejército de EE.UU.[5].

El gobierno de EE.UU. declara ahora una guerra contra el terrorismo, pero no son los terroristas los que terminan muertos. Es claro que las guerras, desde la del Golfo, pasando por Afganistán, y la guerra contra Irak tienen como telón de fondo los intereses norteamericanos que van desde el petróleo pasando por la agenda geoestratégica. EE.UU. considera que los hechos del 11 de septiembre no son atentados terroristas sino un acto de guerra, de lo cual proviene una respuesta militar contra Afganistán, uno de los países más pobres del planeta. Las Naciones Unidas pidieron que se suspendieran los bombardeos para socorrer humanitariamente a millones de personas, pero EE.UU. no accedió a la petición. Esta guerra, por tratarse de acciones de terrorismo de estado, tampoco se quedó sin su tinte de barbarie. Bástenos citar como ejemplo el caso de un convoy de civiles que viajaba a Kabul con ocasión de la instalación del nuevo presidente y que fue bombardeado, con un saldo de 60 muertos, en diciembre de 2001. Muchos protestaron, pero EE.UU. respondió que "el objetivo era legítimo"' Hacia mediados de ese mismo mes de diciembre el número de víctimas civiles superaba las 4.000 personas.

Desde las caídas de las torres hemos soportado en CNN el uso de la palabra "terrorismo" para describir ese atentado, pero jamás lo han usan para describir las acciones de los aliados y sus consecuencias en la invasión a Iraky el bombardeo de Afganistán. Ni siquiera se hace referencia a conceptos como "crueldad masiva" o "matanza de inocentes e indefensos" o por lo menos "tragedia humana".

El gobierno de EE. UU., como muchos han escrito ya, innumerables veces ha invadido o intervenido diplomáticamente, política, militarmente y con golpes de Estado a muchos países, y también ha apoyado a regímenes dictatoriales, violadores de los derechos humanos, y es clara y masivamente responsable de prácticas de terrorismo de estado.
 La referencia permanente a EE.UU. cuando se trata de la relación terrorismo de Estadolibre mercado, va más allá de una supuesta animadversión consuetudinaria hacia ese país. América Latina constituye el centro de sus influencias geopolítica y biopolítica, razón por la cual las iniciativas estatales en la región pasan por el cedazo de su aprobación. Como lo demuestran los Documentos Santa Fe hasta ahora conocidos [6], el terrorismo de Estado avalado por EE.UU. como heraldo de la apertura de los mercados nacionales asume diferentes modalidades de lucha, siendo la estrategia del caos la que más aplicabilidad ha tenido en Colombia[7]. Esta estrategia consiste en la pérdida total de toda proporción en un conflicto interno, que conlleva a que la espiral de violencia borre el perfil del enemigo interno. El caos, curiosamente, corresponde al ambiente más propicio al fortalecimiento de la lógica del mercado libre a ultranza, ya que el único ordenamiento posible es el que se da a partir de la racionalidad medios fines que busca la maximización y la eficacia como sus valores más preciados. Para conseguir que la menor cantidad de medios produzca los fines más ambiciosos el ordenamiento social pasa a un segundo plano, lo cual se traduce en un caos en los ámbitos sociales y políticos[8].

Sin embargo, el "neoliberalismo de segunda generación", como podríamos llamar a las actuales versiones de preponderancia de la libertad del mercado con atención a cierta dosis de preocupación social, reconoce que lo societal le aporta al mercado su necesario contexto. En este sentido se expresan los estudios más recientes en relación con las preocupaciones del Banco Mundial por implementar sus medidas de ajuste a partir de reformas de los paradigmas jurídicos de los países que acceden a sus créditos[9]. Las reformas de los entes jurídicos se traducen en un fortalecimiento del papel de la rama ejecutiva (en el caso de democracias formales como la colombiana), la que a su vez privilegia su estamento militar como alternativa del ejercicio de un poder que garantiza el orden, sin el cual no hay inversión ni prosperidad.

Colombia ofrece una excelente demostración de este nuevo abordaje. El ascenso de Alvaro Uribe al poder fue posible gracias a su oferta de endurecimiento del perfil militar del ejecutivo, en lo cual no ha defraudado a sus electores. Sin embargo, la centralidad de lo bélico en Uribe Vélez ha buscado siempre ajustarse a un marco legal, y en ello la presente administración se separa de la de Turbay Ayala, la cual también privilegió el componente militar. De esta manera, el Estado colombiano escapa al peligro de ser tildado de terrorista y, gracias al ingrediente adicional de los diálogos de paz con los paramilitares, se ahorra la tarea de desmontar los elementos estructurales del paramilitarismo.

Sin embargo, debe anotarse que la estructura de penetración del capital transancional e inhibición del ya precario Estado social de derecho sigue incólume. Así lo ilustran los diversos análisis del Plan Nacional de Desarrollo presentado por Uribe, en el que la "Seguridad Democrática," que es una versión remozada de la vieja "Doctrina de Seguridad Nacional," es la condición sine que non para toda la inversión estatal. En otras palabras, el Estado importa en la medida que su arista militar ocupe la mayor parte del escenario de la acción del Estado, la cual no necesariamente se enfila hacia un énfasis en la producción local sino a facilitar aún más la lógica del mercado sin sus amarras sociales.  De esta manera se explican iniciativas como la creación de "zonas de rehabilitación" y las "caravanas de la paz" que buscan incentivar el turismo interno, además de operaciones militares urbanas como las llevadas a cabo en Medellín, y las tomas a universidades como la Nacional, la Pedagógica, entre otras.

En síntesis, en lo que corresponde a Colombia parece estar dándose un giro hacia posturas más cercanas a lo que se ha dado en llamar la Tercera Vía. Sin embargo, el acento sigue poniéndose sobre el aparato bélico el cual, por buscar el refugio de la reforma judicial, puede alegar, en un momento dado, que su aplicación no conduce a un terrorismo de Estado. El problema radica en que el paradigma fundante sigue estable. Ese paradigma básicamente plantea un conflicto entre los derechos que aporta la ciudadanía, los cuales son minimizados en el mejor de los casos, y la imposición del arbitrio particular representado en el gran capital. El plan, esto es, la función organizativa del Estado como ente social de derecho, queda supeditado a la lógica del mercado que fácilmente pasa de la confrontación puramente mercantil a la armada. Así, por ejemplo, Irak demuestra que ya no bastaron los argumentos comerciales para que unas compañías tuvieran acceso a las fuentes de hidrocarburos de esa región. La guerra frontal, sin miramientos jurídicos, representó el paso a seguir. Si bien en Colombia el terrorismo de Estado todavía se escuda bajo las reformas jurídicas, el paradigma que hizo posible Afganistán e Irak sigue intocable. Es decir entrega y sometimiento o muerte para que el mercado pueda hacer su trabajo libremente.

El ALCA es una expresión más de la imposición ciega de una estrategia, la del mercado total. Una estrategia que tiene el rostro de la guerra, del exterminio, de la eliminación selectiva y todo esto supuestamente en nombre de la eficacia y la competitividad. Se trata de una estrategia en nombre del holocausto de gran parte de la humanidad y además nos dicen que no hay alternativa.

En Colombia hemos demostrado que la vida es terca, la música sigue naciendo y se desborda, corre por los barrios, en las cocinas en los parques y la vida se alza indignada frente a la barbarie y el asesinato.

Será imposible decirles a los pueblos que no hay alternativa, porque los pueblos no aceptan el desastre como destino y se esta gestando con una fuerza inmensa otra América por fuera del molde del ALCA.



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<p clas="resumen">* Filósofa y Politóloga, Coordinadora de la Cátedra Camilo cerramiento de liberación en América Latina, Universidad Nacional

[1] A modo de ejemplo ver Wim Dierckxseen, Del neoliberalismo al poscapitalismo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003

[2]  Citado en Noam Chosmky, La estructura emergente del orden mundial, traducido por Norma Isabel Ojeda. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002, pág. 30.

[3] R. Falla, "Masacre de la Finca San Francisco". Huehuetenango Guatemala, 17 de Julio de 1982, en ECA: 417418, 1983.

[4] Ver su "La economía en el proceso actual de globalización y los derechos humanos", en F. Hinkelammert (comp.) El huracán de la globalización. San José: DEI, 1999, págs. 239247.
 
[5] Jon Sobrino, Terremoto, terrorismo, barbarie y utopía: El Salvador Nueva York, Afganistán. Madrid: Editorial Trotta, 2002, pág. 169.

[6] Varios, Santa Fe IV en los tiempos del Plan Colombia. Santa Fe 1 y Santa Fe II (Anexos). Bogotá: Ediciones Nuestra América. Colección Izquierda Viva, 2001.

[7] Germán Gutiérrez, "Colombia: La estrategia de la sinrazón", en F. Hinkelammert (comp.) op. cit., página 207.

[8] El alegato en torno a la supremacía de la racionalidad mediosfines como motor del caos es ampliamente ilustrado en el capítulo 1 de Franz Hinkelammert, El retorno del sujeto reprimido, Bogotá: Universidad Nacional, 2001.

[9] Lawrence Tshuma, "The Political Economy of the World Bank's Legal Framework", en Julio Faundez, Mary E. Footer y Joseph J. Norton (eds.), Governance, Development and Globalization, Londres: Blackstone Press Limited, 2000.

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