Bogotá, abril 24 de 2009
CARTA ABIERTA AL PUEBLO CANADIENSE
Como colombianos queremos hoy expresar nuestra oposición a la ratificación del Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia (Proyecto de ley C-23).
Es para nosotros totalmente inaceptable que mientras la crisis económica mundial se profundiza cada vez más y el modelo económico neoliberal está siendo cuestionado, el gobierno canadiense quiera reforzar aun más éstas políticas al pretender ratificar el TLC con Colombia.
Nosotros, los trabajadores y trabajadoras colombianas enfrentamos gravísimos problemas a los cuales nos ha llevado el modelo neoliberal implantado a la fuerza y con violencia por los gobiernos colombianos. El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los más flagrantes violadores de los derechos humanos y laborales que hemos tenido.
El 16 de junio del 2008, el comité de comercio exterior del parlamento canadiense publicó el informe Derechos Humanos, Ambiente y Libre Comercio con Colombia en el que recomienda al gobierno de Canadá rechazar el TLC con Colombia hasta que tomen en cuenta las recomendaciones del informe, en áreas como investigación de crímenes y derechos humanos, condiciones laborales, y desplazamiento interno. Además, el informe exige más transparencia en el proceso de negociación del TLC y señala que Colombia no es un mercado importante para Canadá, representando sólo 0.15% de exportaciones canadienses y 0.12% de sus importaciones.
Para Colombia; no obstante, el TLC con Canadá es de suma importancia política y económica. De importancia política por que al ratificar éste tratado con Colombia, Canadá aprueba las políticas represivas del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y le dá otra razón para adelantar las conversaciones con EEUU y la ratificación del tratado con éste país. Económica, porque las élites empresariales de éste país que son las que están en el poder, son los que siempre se benefician con éstos tratados que nunca favorecen la nación como un todo. Al contrario, el desempleo y el sector informal han crecido desaforadamente bajo el modelo neoliberal en nuestro país mientras las tazas de pobreza se mantienen en un 64.8 % según cifras oficiales.
Es bien conocida la impunidad con que defensores de derechos humanos y sindicalistas son perseguidos y asesinados en Colombia. Recientemente 54 congresistas declararon en carta abierta al Presidente Obama, “Debemos oponernos a cualquier tratado de comercio con Colombia hasta que observemos un periodo en el que cesen las actuales violaciones a los derechos humanos contra trabajadores, afrocolombianas e indígenas. Más de 460 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde que el Presidente Uribe se posesionó en el 2002, incluyendo 49 sólo en el 2008. Una cifra que representa un incremento del 25% con respecto al 2007, no obstante ser este un periodo en el que Colombia ha estado sometida a un mayor escrutinio relacionado con el TLC”
El clima de terror contra sindicalistas en Colombia es sólo un aspecto del deterioro de los derechos y condiciones laborales. Por ejemplo, fuentes independientes estiman que hay más de 2.5 millones de niños trabajando en el país, y que 4 de cada 5 trabajan ilegalmente. En compañías petroleras como BP, Gas Natural de España y Shell están prohibidos los sindicatos. A los trabajadores estatales se les niega el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Esta violencia y las condiciones laborales injustas se mantendrán si el TLC Canadá-Colombia se ratifica.
En los últimos 18 años la economía colombiana se ha adaptado cada vez más al modelo de “mercado libre” de las grandes empresas, resultando en el desgaste de las condiciones de vida en un marco de abusos a los derechos humanos al igual que en un gran daño a la agricultura local, pérdida de la soberanía alimentaria, y menor acceso a la salud y a los servicios básicos. Este modelo neoliberal y la practica de crímenes de estado, han creado un desplazamiento interno que supera los 4 millones de colombianos, la segunda población desplazada más alta del mundo después de Sudán.
Referente a la situación política en Colombia, varios miembros del gobierno del presidente Uribe, que son sus aliados importantes en el congreso y que le ayudaron en su elección y reelección están en la cárcel o bajo investigación por sus conexiones con los paramilitares; quienes han asesinado a miles de colombianos y han sembrado el terror en todo el país.
El uso sistemático del terror en Colombia no solo es practicado por diferentes sectores armados ilegales sino que también ha sido empleado por el mismo ejército nacional. Durante la presidencia de Uribe, cientos de civiles han sido secuestrados, transportados a otras regiones del país, y asesinados. Estas ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” las cometen oficiales militares para elevar artificialmente el conteo de guerrilleros muertos en combate, dando a los autores medallas, gratificaciones, y otros incentivos para mostrar el progreso en “la guerra contra el terrorismo”.
Un TLC Canadá-Colombia no beneficiará al canadiense promedio. Por el contrario, estos pactos promueven el empobrecimiento que empeora los salarios, las condiciones de trabajo, y el respeto a derechos básicos para el trabajador regular en Canadá, que tendrá que competir con los salarios bajísimos de los trabajadores de Colombia y que además les es negado su derecho fundamental a organizarse por sus demás derechos.
Les pedimos que nieguen al Presidente Uribe la bendición política y moral que pretende obtener con la ratificación del tratado con Canadá para profundizar aun más la aplicación de un modelo económico fallido sobre los pueblos de Colombia y Canadá, el mismo modelo neoliberal responsable por la actual crisis económica mundial.
Apoyar el TLC empañaría la reputación internacional de Canadá, y traería más dificultades económicas y sufrimiento para millones de colombianos.
Atentamente,
JUSTICIA Y VIDA
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