por Pedro Medellín Torres Tuesday, Jan. 26, 2010 at 4:44 AM
Lo que está pasando en el sistema de salud refleja bien cómo se está gobernando el país. Luego de casi ocho años de gobierno, el presidente Uribe se ha visto abocado a decretar una emergencia social para enfrentar un problema que claramente se le ha salido de las manos: el resquebrajamiento del régimen de aseguramiento público que soporta la salud en Colombia.

En principio, creyó que sólo era un problema de financiamiento. La presión política ejercida por los gobernadores, al pedir recursos que les permitieran garantizar el pago de las obligaciones en salud (particularmente en el financiamiento de los servicios por fuera de los planes obligatorios de salud -POS-), llevó al presidente Uribe a ofrecer sorpresivamente la alternativa de una declaratoria de emergencia. Argumentaba que con este mecanismo excepcional se podría "solucionar el déficit de 500.000 millones de pesos generados por los servicios que están por fuera del POS y que deben asumir los departamentos".

Sin embargo, con el anuncio de la "emergencia", se hizo visible que el problema estaba en la estructura del régimen de aseguramiento público. La falta de control efectivo sobre el desempeño de las EPS y el disparo de la corrupción emergieron como causas claves del resquebrajamiento del servicio de salud en el país. El postergamiento de las citas, el difícil acceso a especialistas y a los medicamentos, o la generalización de la tutela como mecanismo para acceder a servicios no contemplados en los POS, se habían convertido en los referentes cotidianos de un sistema en crisis.

Además, el aumento desproporcionado del número de afiliados al régimen subsidiado, frente a los afiliados al contributivo (que son los que con el Estado financian el sistema), ha revelado la inconveniencia de haber decidido "universalizar" el acceso por la vía fácil: incorporar a los que van a recibir el subsidio, y no a través de políticas de empleo que implican la afiliación de alguien que va a contribuir con una suma mensual por mantenerse en el sistema.

La consecuencia no se hizo esperar. De los 41 millones de colombianos que existen en el sistema, dos de cada tres están afiliados al régimen subsidiado. Lo grave de esta situación es que solo 6 de los 17 millones de colombianos afiliados al contributivo tienen empleo formal y pueden aportar para que los 24 millones del régimen subsidiado tengan acceso a la salud.

La crisis del modelo de aseguramiento es también la crisis del modelo de empleo. Ya no se trata del fiasco de la flexibilización laboral, a cambio de la generación de empleo (Ley 789 de 2002). Ahora estamos ante la frustración que han producido los estímulos concedidos a los inversionistas que generen nuevo empleo.

Según el ex director de la Dian Horacio Ayala, entre 2004 y 2008 el país dejó de recibir más de 10 billones de pesos por la deducción especial concedida a las empresas que reinvirtieran parte de sus utilidades. El problema es que dan beneficios sin que "ayuden a combatir el desempleo", afirma Ayala para cuestionar cómo de esos 10 billones "la minería recibió 3,1 billones de pesos de beneficio, con un promedio de 231.000 trabajadores ocupados, mientras el comercio obtuvo cerca de un billón de pesos, con más de 4,7 millones de personas ocupadas.

Es evidente que, en este escenario, la emergencia no tiene piso constitucional. No hay hechos sobrevivientes que, según el Art. 215 de la Constitución, justifiquen ese tipo de intervención. Pero aun si fuera constitucional, las medidas que está tomando el Gobierno, lejos de resolver el problema lo van a profundizar.

Buscar mayores ingresos, sin decisiones que metan en cintura a las EPS, combatan la politiquería y la corrupción, o impulsen el empleo de manera que propicien la llegada de más afiliados al régimen contributivo, impide que el sistema sea sostenible. Aquí, la afiliación de nuevos subsidiados sólo será demagogia que sirve para mantener un sistema que es eficiente para la reelección, pero insuficiente para la cohesión social.

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